El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta actualmente al menos cuatro procesos legales. Dos de ellos ya se encuentran judicializados y otros dos permanecen en etapa de denuncia ante la Fiscalía.
Los casos judicializados son conocidos como Triple A y Goleada. Ambos investigan presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de combustibles. Según estimaciones de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado en estos procesos superaría los 166 millones de dólares.
Actualmente, el alcalde cumple prisión preventiva en la Cárcel de Latacunga por su vinculación en el caso Goleada.
Caso Triple A: investigación por combustible ilegal
En el caso Triple A, la Fiscalía General del Estado procesa a Alvarez por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.
La acusación sostiene que varias empresas y estaciones de servicio habrían comercializado combustibles con diferencias significativas entre el volumen despachado y el facturado.
Según la Fiscalía, el perjuicio económico alcanzaría los 61,5 millones de dólares, correspondientes a más de 22 millones de galones de diésel y gasolina.
Entre las evidencias presentadas constan reportes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, además de peritajes que señalan consumos de combustible considerados físicamente imposibles.
Por ejemplo, un informe menciona que un solo vehículo habría cargado más de 145.000 galones de combustible subsidiado entre 2022 y 2024, lo que implicaría llenar completamente el tanque más de ocho veces al día durante más de dos años.
La causa se encuentra en fase de juzgamiento y el tribunal anticorrupción que la conoce está integrado por los jueces Jorge Suidberto Sánchez Pico, Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Darío Barahona Cunalata.
Caso Goleada: presunta delincuencia organizada
El segundo proceso judicializado es el caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían formado un entramado societario destinado a manipular la comercialización de combustibles y evadir controles del Estado.
El perjuicio económico estimado por la Fiscalía sería de aproximadamente 100 millones de dólares.
Entre las empresas señaladas dentro del presunto esquema aparece Terminal Naviera Petrolera Ternape Petroleum S. A., junto con la firma Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas S. A., registrada en Panamá.
El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, que se extenderá durante 90 días desde febrero de 2026. El proceso está a cargo del juez anticorrupción Jairo García.
Denuncia del Registro Civil por presunta alteración de documentos
Además de los procesos judicializados, existe una denuncia presentada por el Registro Civil del Ecuador por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documento falso.
Según la entidad, en 2017 se habría ejecutado una rectificación del acta de nacimiento de Alvarez basada en una supuesta sentencia judicial emitida en 2016.
Ese documento habría ordenado cambiar el año de nacimiento del alcalde de 1985 a 1984.
Sin embargo, certificaciones del Consejo de la Judicatura indicaron que el proceso judicial mencionado no aparece en el sistema Satje y que el juez que figura como firmante no estaba en funciones en esa fecha.
El Registro Civil sostiene que dicha modificación permitió que Alvarez cumpliera el requisito de edad mínima para participar en las elecciones de la directiva de Barcelona Sporting Club en 2019.
Investigación por presuntas amenazas a un juez
Finalmente, la Fiscalía también analiza una denuncia relacionada con supuestas amenazas contra el juez anticorrupción Jairo García.
El magistrado aseguró que durante una audiencia virtual de habeas corpus el alcalde habría pronunciado expresiones que interpretó como una amenaza directa.
Tras ese incidente, el fiscal Richard Alvarado solicitó a la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi las grabaciones de audio y video de la diligencia para incorporarlas al expediente de investigación.