El Tribunal de Juicio que llevará el proceso penal del caso Triple A quedó oficialmente conformado. La sala anticorrupción estará integrada por los jueces Jorge Suidberto Sánchez Pico, Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Darío Barahona Cunalata, quienes deberán conocer la causa en la etapa de juzgamiento.
El proceso involucra a 16 personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, además de seis personas jurídicas. Todos enfrentan cargos por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.
La designación de los magistrados se produce a pocos días de que en Quito se instale una audiencia clave. En esa diligencia se resolverá la apelación a las medidas cautelares impuestas a Álvarez y a otros dos procesados, además de iniciar formalmente la etapa de juicio contra los 22 acusados.
La conformación del tribunal se definió luego de que el juez Víctor Barahona aceptara las excusas presentadas por los magistrados Christian Fierro y Carlos Serrano. Ambos decidieron apartarse del caso tras considerar que su imparcialidad podría verse comprometida.
Los dos jueces señalaron que, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional del Ecuador, mencionaron aspectos relacionados con el caso Triple A mientras se desarrollaba el juicio político contra Mario Godoy, entonces presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador.
Barahona dispuso separarlos de forma definitiva del proceso y ordenó remitir el expediente a la oficina de sorteos judiciales para designar a los nuevos jueces que completarían el tribunal. Con esta medida se buscó garantizar la continuidad del caso.
La investigación se centra en una presunta red de comercialización irregular de combustibles entre empresas distribuidoras y estaciones de servicio. Según la Fiscalía General del Estado (Ecuador), el esquema habría provocado un perjuicio económico cercano a 61,5 millones de dólares, relacionado con más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina que presentan inconsistencias entre lo despachado y lo facturado.