Varias autoridades comparecieron en la Asamblea Nacional por el femicidio de María Belén Bernal. Explicaron las acciones adoptadas para encontrar a la abogada y qué están haciendo para localizar a Germán Cáceres, principal sospechoso de su muerte.
El debate tomó cuatro horas y participaron 28 legisladores de todas las bancadas. El correísmo remarcó que se trata de un crimen de Estado y arremetió contra el Gobierno. El oficialismo rechazó que se pretenda “politizar” este crimen.
Desde el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID) también hubo críticas al Ejecutivo, y a la intención del presidente Guillermo Lasso de pretender derrocar el edificio donde se perpetró el crimen.
Hubo descalificaciones hacia el exministro del Interior, Patricio Carrillo, el secretario de Seguridad Nacional, Diego Ordóñez, y a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, contra quienes se advirtieron posibles juicios políticos por sus actuaciones.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, dijo que lo sucedido en el caso de María Belén Bernal pone en evidencia la frágil estructura del Estado, “por lo que no puede ser tratado fuera de ese contexto porque no es un caso aislado”.
“Debemos hacer el control político de lo que les están enseñando a los policías en las escuelas superiores”, apuntó Mario Ruiz (PK), integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales. “Lo que se necesita es una depuración policial y para eso se debe tener mano firme”, agregó Blasco Luna, de UNES.
En medio de la discusión, la asambleísta de Pachakutik, Jessica Castillo, rechazó que en algunas intervenciones se haya “lastimado la profesión de los policías”. Intentó que el jefe de la Escolta Legislativa presente su testimonio, pero el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), señaló que era improcedente.
Fuente: El Comercio.
