La audiencia de formulación de cargos contra Gabriela Lara Tello no se realizó este 4 de marzo. El conflicto en Medio Oriente impidió que su abogado regresara al país. La diligencia estaba prevista para las 14:00.
Lara presentó el pedido de diferimiento la mañana del miércoles. En su escrito explicó que su defensor, Édgar Molina Aleaga, viajó el 13 de febrero por vacaciones. El 25 de febrero ingresó a los Emiratos Árabes Unidos. Tenía previsto volver el 28 de febrero, pero el cierre del espacio aéreo bloqueó su retorno.
El abogado argumentó que la zona se encuentra en conflicto bélico. Además, indicó que no tiene posibilidad de retorno inmediato. Por esa razón, Lara solicitó una nueva fecha para la audiencia solicitada por la Fiscalía.
Juez acepta diferimiento y fija nueva fecha
El juez Fabricio Chóez analizó el pedido y lo aceptó. Consideró que la defensa justificó la ausencia por fuerza mayor. En consecuencia, fijó la audiencia para el 20 de marzo, a las 10:00.
Chóez reemplaza al juez titular Fernando Sánchez en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada. Con esta decisión, el proceso avanza, aunque con nuevo calendario.
Contexto del caso y posibles penas
El Consejo de la Judicatura destituyó a Lara el 24 de febrero. La entidad tomó la decisión junto con la salida del juez Christian Quito. Ambos enfrentan investigaciones relacionadas con el denominado caso Fachada.
La Fiscalía ejecutó allanamientos en enero de 2025. Durante el operativo, los agentes recogieron documentos, dinero en efectivo y equipos electrónicos. Sin embargo, los jueces continuaron en funciones durante varios meses antes de su separación definitiva.
El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el enriquecimiento ilícito. La norma establece penas de tres a diez años de prisión, según el monto del incremento patrimonial injustificado. La audiencia de marzo definirá si la Fiscalía formula cargos formales contra la exjueza.