La denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la Revolución Ciudadana (RC) por presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023 avanzó este martes 3 de marzo de 2026 en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Tras una extensa audiencia, el proceso quedó listo para resolución en primera instancia.
La diligencia se desarrolló bajo la conducción de la jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma, quien dirigió la audiencia oral única de pruebas y alegatos. En esta etapa, tanto el organismo electoral como las defensas de los dirigentes correístas expusieron sus argumentos y presentaron documentación de respaldo.
El CNE, representado por el equipo jurídico de su presidenta Diana Atamaint, sostuvo que existen inconsistencias en la información financiera reportada por la organización política. Según detalló, se realizaron doce observaciones relacionadas con el manejo de los recursos de campaña, de las cuales solo tres habrían sido justificadas de manera satisfactoria.
Entre los puntos cuestionados constan rubros destinados a vallas publicitarias, gigantografías y artículos promocionales. El ente electoral argumentó que la documentación presentada no sería suficiente para respaldar la totalidad de los gastos reportados durante la contienda electoral extraordinaria de 2023.
En ese contexto, el CNE solicitó al TCE que se impongan sanciones a la excandidata presidencial Luisa González y a otros dirigentes y candidatos a la Asamblea Nacional vinculados al movimiento, algunos de los cuales actualmente ejercen funciones legislativas.
Por su parte, las defensas de los representantes de la RC rechazaron de forma categórica los señalamientos. Aseguraron que todas las observaciones realizadas por el organismo electoral fueron contestadas dentro de los plazos establecidos y con la documentación completa, por lo que consideran que no existe sustento jurídico para una eventual sanción.
Luego de aproximadamente ocho horas de intervención de las partes, la jueza Coloma dio por concluida la audiencia pasadas las 18:00 y otorgó un plazo de 48 horas para que el CNE ratifique formalmente su intervención. Una vez cumplido este trámite, la magistrada deberá emitir su resolución de primera instancia, decisión que marcará el rumbo del proceso y podría tener implicaciones políticas para la organización y sus principales figuras.
