Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y condenado en el caso Purga, se encuentra desde el 11 de noviembre de 2025 en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, siendo esta la tercera prisión en la que cumple medidas privativas de libertad. Muentes forma parte del grupo de 300 reos catalogados de alta peligrosidad por el Gobierno de Daniel Noboa que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
El exlegislador fue sentenciado en marzo de 2025 a trece años y cuatro meses por el delito de delincuencia organizada, tras liderar una red que manipulaba el sistema judicial del Guayas para obtener sentencias favorables, reemplazar jueces y apropiarse de recursos económicos.
La trayectoria carcelaria de Muentes comenzó tras su detención el 4 de marzo de 2024. Inicialmente fue llevado a La Roca en Guayaquil para cumplir prisión preventiva y posteriormente trasladado a la Cárcel 4 de Quito. En junio de 2025, tras la publicación formal de su sentencia, se determinó que cumpliría su condena en Quito, aunque meses después, el 5 de agosto, fue regresado a La Roca ante amenazas a su integridad, según informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
El presidente Daniel Noboa compartió en redes sociales una fotografía de Muentes en la Cárcel del Encuentro, vestido con uniforme naranja y el cabello rapado. “Creyeron que el Encuentro era solo una palabra y que seguirían siendo intocables. Pero este ya no es el Ecuador de antes. Bienvenidos”, escribió el mandatario, subrayando la relevancia de la operación.
Junto a Muentes también fueron reubicados otros internos de La Roca, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Edwin Argudo, alias “Invisible”, quienes integran la lista de reos considerados de alta peligrosidad. Según el ministro del Interior, John Reimberg, este traslado se realiza además para permitir trabajos de repotenciación en La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil.
Durante su tiempo en prisión, Muentes presentó recursos de habeas corpus que fueron rechazados por la justicia, ratificando su permanencia en centros penitenciarios de máxima seguridad. Con este nuevo traslado, la autoridad busca garantizar tanto la seguridad de los reos como la integridad de las instalaciones, mientras se ejecutan mejoras en La Roca.
El caso Purga y la condena de Muentes siguen siendo símbolos de los esfuerzos del Estado ecuatoriano por combatir la delincuencia organizada y asegurar el cumplimiento de la ley entre funcionarios públicos que vulneran la justicia.
