La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) confirmó la existencia de cobros indebidos en la tasa de recolección de basura (TRB), tras un análisis técnico a nivel nacional. La entidad explicó que esta situación llevó al Gobierno a desvincular el cobro de la TRB de la facturación del servicio público de energía eléctrica, medida que entrará en vigencia desde octubre de 2025.
El organismo regulador informó que 41 cantones del país incumplen la normativa vigente, al aplicar mecanismos de cobro de la tasa de basura relacionados con el consumo eléctrico. “Tras la revisión técnica, se determinó que 41 cantones, a escala nacional, incumplen con la norma”, señaló Arconel en un comunicado oficial.
Según la entidad, la decisión se sustenta en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), la cual prohíbe que la TRB esté vinculada directa o indirectamente con las tarifas o el consumo de energía. Esto significa que las empresas eléctricas ya no podrán incluir el valor de la tasa de basura en las planillas de luz, práctica que había sido común en varios municipios.
Previo a esta resolución, Arconel elaboró un informe de control técnico con el objetivo de verificar la correcta aplicación del artículo 60 de la Lospee, que establece los lineamientos para la gestión de la TRB. Dicha normativa exige que, antes de firmar un convenio con las empresas eléctricas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) presenten un estudio técnico de fijación de tasas debidamente socializado con los usuarios, junto con el listado de abonados que reciben el servicio de recolección de residuos.
El informe, solicitado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), incluyó una revisión exhaustiva de los convenios suscritos entre las distribuidoras de energía y los GAD. El análisis se centró en evaluar la metodología utilizada para calcular y cobrar la TRB, especialmente en los casos donde se usaban parámetros eléctricos como el consumo en kWh, el monto en dólares, o la categorización tarifaria para determinar el valor del cobro.
Este proceso de fiscalización, que se extendió durante aproximadamente dos meses, permitió identificar que un número considerable de municipios no cumplía con las disposiciones legales. Como consecuencia, el Gobierno dispuso la separación definitiva del cobro de la tasa de basura de las facturas eléctricas, una medida que busca transparentar el sistema y garantizar que los cobros a los usuarios se realicen bajo parámetros técnicos y legales.
Arconel enfatizó que la resolución no implica la eliminación de la tasa de recolección de basura, sino su independencia de la facturación eléctrica, de modo que los municipios deberán implementar mecanismos alternativos para su recaudación. La entidad reafirmó que continuará con procesos de supervisión y auditoría para asegurar que las nuevas modalidades de cobro cumplan con la normativa vigente.
Con esta decisión, el Gobierno pretende fortalecer la transparencia en la gestión de los servicios públicos, garantizar la protección de los usuarios y asegurar que las tasas municipales sean aplicadas con base en estudios técnicos reales y no en parámetros energéticos.
