Manta, Manabí, Ecuador – La alarmante influencia de la banda criminal Los Choneros en las instituciones públicas de Ecuador se ha vuelto a manifestar con contundencia, esta vez en la provincia de Manabí. Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional han sacado a la luz un presunto esquema de corrupción y lavado de activos que revela cómo esta organización, liderada por el prófugo José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, ha logrado infiltrarse en agencias de tránsito municipales.
Las conexiones son directas y preocupantes. Yandry M., hermano de alias “Fito”, ha sido vinculado a la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta. Esta revelación se da en el marco del operativo “Centinela 6” y el caso “Blanqueo Fito”, donde la Fiscalía formuló cargos el pasado 2 de junio de 2025 contra seis personas del círculo cercano de “Fito” por presunto lavado de activos. La presencia de un familiar directo del líder de Los Choneros en una entidad pública municipal levanta serias banderas rojas sobre la posible cooptación de instituciones.
Pero la sombra de “Fito” no es nueva en las agencias de tránsito manabitas. El año pasado, su hijo, Adolfo Jair M., fue objeto de acusaciones por presuntamente controlar irregularidades en la Agencia de Tránsito de Puerto López. Estos dos casos, con lazos familiares directos con el cabecilla de Los Choneros, pintan un panorama desolador sobre la permeabilidad del crimen organizado en las estructuras estatales.
La Fiscalía ha sido explícita al señalar que los recursos que se movían a través de estas presuntas irregularidades provenían directamente de las actividades ilícitas de Los Choneros. Esto incluye la gama completa de su repertorio criminal: narcotráfico, extorsión, sicariato y, crucialmente, el control de agencias de tránsito. Este último punto es especialmente alarmante, ya que el control de estas agencias puede facilitar la emisión de licencias de conducir falsas, la legitimación de vehículos robados o utilizados en crímenes, y el desvío de fondos para financiar otras operaciones delictivas.
El esquema de corrupción y lavado de activos que aprovecha las estructuras municipales para blanquear dinero y fortalecer las bases de la banda es una táctica recurrente del crimen organizado. Al infiltrarse en el sector público, los grupos criminales no solo obtienen beneficios económicos, sino que también logran una suerte de «legitimidad» en ciertos territorios y una capacidad de operación más discreta, lo que dificulta su persecución.
Este escándalo en Manabí subraya la urgencia de una depuración profunda en las instituciones del Estado. En el contexto del conflicto armado interno que vive Ecuador, la infiltración de bandas como Los Choneros representa una amenaza directa a la seguridad nacional y a la estabilidad democrática. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe ser una prioridad inquebrantable para las autoridades.
La sociedad ecuatoriana exige transparencia y justicia. Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía son pasos fundamentales, pero se necesita un compromiso sostenido para desmantelar estas redes y asegurar que las instituciones públicas sirvan a los ciudadanos y no a los intereses del crimen.
