Guayaquil, Ecuador – En un paso trascendental para la política antidrogas del país, la Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado en segundo debate el proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una normativa urgente destinada a desarticular la economía criminal vinculada al conflicto interno. Lo más destacado de esta nueva legislación es que retoma el tema de la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes con un enfoque innovador: establece “parámetros” para diferenciar a consumidores de traficantes de droga, pero sin basarse en gramajes.
La aprobación de esta ley, que tuvo lugar el pasado fin de semana, contó con un contundente respaldo de 84 votos a favor. Este amplio apoyo provino principalmente del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y una parte del bloque de Pachakutik, evidenciando un consenso legislativo sobre la urgencia de fortalecer las herramientas legales para combatir el narcotráfico y la criminalidad.
La reinstauración de un marco legal para la posesión de drogas es un tema sensible y ha generado debate en el país. Anteriormente, la tabla de gramajes había sido una herramienta polémica. Sin embargo, la nueva Ley de Solidaridad busca superar esa discusión al proponer “parámetros” alternativos. Estos nuevos criterios no se basarían únicamente en la cantidad de droga, sino que podrían considerar otros factores como la evidencia de tráfico, la tenencia de armas, la presencia de otros ilícitos o la reincidencia, permitiendo a la justicia una mayor discrecionalidad para determinar si una persona es consumidora o si está involucrada en actividades de narcotráfico.
El objetivo principal de la Ley de Solidaridad Nacional es claro: desarticular la economía criminal vinculada al conflicto interno. Esto implica golpear las finanzas de las bandas narcoterroristas que han sumido a Ecuador en una crisis de seguridad sin precedentes. Al diferenciar con mayor precisión entre consumidores y traficantes, la ley busca evitar la criminalización de adictos y, al mismo tiempo, enfocar los recursos judiciales y policiales en la persecución de los verdaderos capos y distribuidores de drogas.
Esta normativa es una pieza fundamental en la estrategia del Gobierno para enfrentar el conflicto armado interno y la proliferación del crimen organizado. Se espera que, una vez en vigencia, proporcione a fiscales y jueces herramientas más claras y efectivas para combatir el narcotráfico, sin saturar el sistema judicial con casos de consumo personal.
La discusión sobre la dosificación de drogas y la diferenciación entre usuarios y traficantes es compleja a nivel global. Ecuador, con esta nueva ley, busca un equilibrio que permita abordar el problema de salud pública del consumo, mientras se endurece la lucha contra las redes criminales que trafican con sustancias ilícitas. La implementación y los resultados de esta ley serán cruciales para evaluar su impacto real en la seguridad y la justicia del país.
