El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un veto parcial al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 23 de abril con 92 votos a favor. La objeción, remitida al presidente del Parlamento, Niels Olsen, a través de un oficio fechado el 22 de mayo, se basa en razones de inconveniencia y propone modificaciones específicas a los artículos 39 y 91 de la normativa.
Según el documento enviado desde la Presidencia, el Ejecutivo señala que el artículo 1 del proyecto busca reformar el artículo 39 de la ley vigente, el cual se refiere a las condiciones generales que deben cumplir las empresas públicas para prestar servicios de telecomunicaciones. En este punto, Noboa introduce un texto alternativo que, a su criterio, se ajusta mejor a los principios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la gestión de estos servicios.
Además, el mandatario también plantea observaciones al artículo 91 del proyecto, sin que se hayan detallado públicamente los cambios propuestos en ese apartado. No obstante, fuentes del Ejecutivo indican que las objeciones buscan asegurar una adecuada regulación del sector, especialmente en lo relacionado con el acceso equitativo a redes y servicios de telecomunicación en todo el territorio nacional.
Este veto parcial no implica el rechazo total del proyecto, pero sí exige que la Asamblea revise las observaciones presidenciales y decida si acoge los textos alternativos propuestos por el Ejecutivo. En caso de no alcanzarse un consenso, el Legislativo deberá ratificar el texto original con una mayoría calificada o aceptar las modificaciones.
La reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ha generado debate en el ámbito político y empresarial, debido a su impacto en la operación de empresas públicas y privadas del sector, así como en la regulación de servicios digitales, cobertura en zonas rurales y derechos de los usuarios.
El pronunciamiento del presidente Noboa pone en pausa la entrada en vigor de las reformas hasta que se resuelva el tratamiento legislativo del veto, que podría reconfigurar el panorama normativo del sector telecomunicaciones en Ecuador.
