En una contundente decisión legislativa, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes, con 114 votos afirmativos, la Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal, conocida también como Ley 60. La normativa, según un comunicado oficial difundido en redes sociales por la institución, tiene como objetivo principal fortalecer la libre competencia en todos los sectores económicos y establecer sanciones contra las prácticas que contradigan los principios de la buena fe en las actividades comerciales.
La nueva legislación contempla medidas claras y restrictivas frente a comportamientos empresariales considerados desleales, es decir, aquellos que puedan causar daño a otros operadores económicos, alterar el equilibrio del mercado o afectar negativamente al interés público. El enfoque de esta ley se centra en la protección de los derechos de los actores económicos frente a maniobras que distorsionan la competencia leal y transparente.
Entre los elementos clave de la normativa se encuentra la prohibición expresa de actos que, de manera objetiva, violen la buena fe comercial, sin importar el sector económico al que pertenezcan quienes incurran en tales prácticas. Con esto, se busca evitar distorsiones que perjudiquen el desarrollo de un entorno empresarial equitativo, promoviendo un mercado justo y eficiente.
La aprobación de la Ley 60 representa un avance significativo en el marco regulatorio ecuatoriano, especialmente en tiempos donde la competencia entre empresas se intensifica y pueden surgir acciones que comprometan la integridad del sistema económico. Desde el Legislativo se destacó la importancia de contar con instrumentos legales que permitan actuar de manera oportuna contra abusos o prácticas que limiten el crecimiento sano del mercado.
Además, esta ley establece procedimientos claros para la identificación, investigación y sanción de actos de competencia desleal, creando condiciones más justas para la participación empresarial y mejorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones que regulan el comercio.
De esta forma, el Pleno de la Asamblea Nacional reafirma su compromiso con el fortalecimiento de un entorno comercial ético y competitivo, donde prevalezca la legalidad y se respeten los principios fundamentales del derecho económico.
