El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra en el centro de una controversia legal tras la presentación de una querella por calumnia interpuesta por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial del movimiento Pachakutik.
La demanda se basa en declaraciones realizadas por Lasso en una entrevista el 7 de octubre de 2024, donde, según Iza, el exmandatario lo calificó de «terrorista» en relación con las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y junio de 2022. Iza sostiene que estas afirmaciones son falsas y buscan desprestigiar su imagen y la de las organizaciones indígenas que lidera.
Como resultado de estas declaraciones, Iza ha solicitado al sistema judicial que se imponga una pena de prisión de dos años y una indemnización económica de $2 millones. Según su abogado, Washington Andrade, los fondos obtenidos de esta indemnización serían destinados a programas sociales, específicamente a la lucha contra la desnutrición infantil en comunidades indígenas vulnerables del país.
La querella fue presentada el 12 de noviembre de 2024 en el Complejo Judicial Norte de Quito. En una audiencia posterior, el 22 de noviembre de 2024, Iza compareció ante el juez Geovanny Feire para reconocer su firma en la demanda, un procedimiento legal necesario para avanzar en el proceso judicial.
Es importante destacar que, en el momento de la presentación de la querella, Lasso ya no ostentaba el cargo de presidente, lo que significa que no goza de inmunidad procesal. Esto permite que el caso avance sin necesidad de autorización de la Asamblea Nacional, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esta acción legal ha generado un amplio debate en la opinión pública, especialmente en el contexto de las tensiones políticas y sociales que han caracterizado al país en los últimos años. Las movilizaciones sociales, lideradas en gran parte por la Conaie, han sido un factor clave en la política ecuatoriana, y las acusaciones de calumnia entre figuras políticas de alto perfil reflejan la polarización existente.
El desarrollo de este proceso judicial será observado de cerca, ya que podría sentar un precedente en cuanto a la protección de la honra y reputación de los líderes sociales y políticos en Ecuador. Además, la resolución del caso podría influir en la percepción pública sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica política en el país.
