El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, ha respaldado firmemente la solicitud de los jueces que integran el tribunal de juicio del caso Metástasis, pidiendo al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad de los magistrados responsables de este proceso. La solicitud surge debido a los riesgos elevados para los jueces tras recibir amenazas directas de una organización criminal involucrada en el caso, que podría estar planeando acciones violentas contra los operadores de justicia.
Godoy destacó que la organización criminal implicada en este caso ha demostrado una serie de comportamientos agresivos, que incluyen intentos de interferir en el trabajo judicial y la planificación de atentados contra jueces y fiscales. En este contexto, subrayó la importancia de garantizar la seguridad de los magistrados involucrados en el juicio.
El tribunal encargado del caso Metástasis está compuesto por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, quienes, hace varias semanas, denunciaron que han recibido amenazas graves. Según Caicedo, algunos de los mensajes recibidos incluían detalles sobre su ubicación y planes específicos de ataque, tales como frases como «te buscaremos debajo de un hueco». A pesar de estos amedrentamientos, la jueza no ha podido identificar a los responsables y ha recurrido a la Fiscalía para presentar la denuncia formal.
Jueza Mercedes Caicedo toma medidas para proteger su integridad y la de su familia.
Mercedes Caicedo, alzando la voz sobre la situación, afirmó que, a pesar de estar bajo amenaza, continuará con sus labores judiciales con el mismo compromiso. “Sigo siendo amenazada, pero seguiré administrando justicia”, comentó en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red X, el 23 de abril de 2025. Caicedo ha señalado que, aunque su vida y la de su familia están en riesgo, tomará las acciones necesarias para salvaguardarlas y seguir con su trabajo en la Corte Nacional.
El 1 de abril, en su rol como ponente del tribunal en el caso Metástasis, la jueza Caicedo también había emitido un auto en el que resaltaba los peligros inherentes al caso, indicando que la naturaleza de la causa implicaba riesgos significativos para los operadores de justicia, dada la vinculación de la organización criminal con asesinatos planeados, manipulación judicial y amenazas directas a jueces y fiscales.
En respuesta a esta situación, la Corte Nacional de Justicia solicitó al Ministerio del Interior, a la Comandancia General de la Policía y a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) que se mantuviera y reforzara la seguridad proporcionada a los tres jueces que integran el tribunal, con el objetivo de garantizar su integridad y seguridad.
La solicitud de protección se justifica por el peligro asociado con las sentencias del caso Metástasis.
En su providencia, los jueces reiteraron que el caso Metástasis es de alta complejidad y que varias de las personas sentenciadas en el juicio aún se encuentran en libertad. Esto, según el tribunal, aumenta significativamente los riesgos para los jueces que han participado en el proceso judicial, especialmente considerando el perfil de la organización criminal involucrada.
El 22 de abril, Mario Godoy envió un oficio al ministro del Interior, John Reimberg, en el que solicitó que se incrementaran las medidas de seguridad para los jueces de la Corte Nacional. En el documento, Godoy resaltó que la seguridad de los magistrados debe ser una prioridad, dado que las personas condenadas por el caso aún tienen influencia y están en libertad.
Además, se informó que, entre 2024 y 2025, el CJ ha recibido un total de 40 solicitudes de protección para jueces. Esto refleja una creciente preocupación por la seguridad de los operadores judiciales en el país, especialmente aquellos que tratan casos de gran envergadura y de vinculación con el crimen organizado.
Detalles clave del juicio del caso Metástasis.
El caso Metástasis se refiere a una red de delincuencia organizada que operaba en Ecuador y que fue desmantelada gracias a las investigaciones y la sentencia de la Corte Nacional. El 26 de noviembre de 2024, Caicedo, Rodríguez y Loaiza sentenciaron a Xavier N. A., alias «Novi», quien fue identificado como el líder de la estructura criminal. Este individuo, vinculado al narcotraficante Leandro Norero, recibió una condena de diez años de prisión. También fueron sentenciados varios colaboradores de la organización, entre ellos el exjuez Wilman Terán, el exdirector del SNAI Pablo Ramírez, y varios policías y fiscales, quienes recibieron penas de entre tres y nueve años de cárcel.
