El pasado miércoles 30 de abril, la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió difundir la audiencia de revisión de medidas cautelares para Augusto Verduga, uno de los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) procesados en el marco del caso Liga2. El motivo de la postergación fue que Verduga no había podido conseguir un abogado defensor hasta esa fecha, y tampoco aceptó ser representado por un defensor público.
En un escrito presentado ante la jueza, Verduga explicó que, tras la renuncia de su anterior abogado el 25 de abril, no logró contratar a un nuevo abogado dentro del plazo estipulado. “Es recién en la presente fecha que estaré autorizando formalmente a mi nuevo abogado defensor. Solicito que se difiera la audiencia de revisión de medidas cautelares, ya que la comparecencia con un defensor público no es de mi voluntad”, aclaró el exconsejero. Además, expresó que no se sentía garantizado el estándar de defensa al ser representado por un defensor público, razón por la cual pidió que se pospusiera la audiencia.
La jueza Daniella Camacho, al evaluar el pedido de Verduga, consideró que era fundamental garantizar su derecho a una defensa adecuada, por lo que aceptó la solicitud de diferir la audiencia. La nueva fecha de la audiencia fue fijada para el próximo 6 de mayo a las 16:00.
La Fiscalía acusa a Verduga y otros exintegrantes del CPCCS por asociación ilícita.
El exconsejero de Participación Ciudadana forma parte de un grupo de exfuncionarios a los que la Fiscalía General del Estado ha formulado cargos de asociación ilícita en el marco del caso Liga2. Junto a Verduga, también están involucrados Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, actual consejera del CPCCS. Todos ellos fueron señalados por su posible vinculación en actividades ilícitas dentro de esa institución. La Fiscalía abrió una instrucción fiscal en marzo de 2025 con un plazo de 90 días para continuar con la investigación.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el conjuez Marco Aguirre determinó que los imputados deberían presentarse periódicamente cada quince días ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y, además, se les prohibió salir del país. Hasta la fecha, solo Bonifaz y Franco Loor cumplieron con esta medida. En contraste, Yadira Saltos incumplió la primera presentación debido a problemas médicos que trató en México, aunque cumplió con la segunda en abril.
En el caso de Augusto Verduga, tanto él como Franco Loor y Saltos forman parte de la llamada «Liga Azul», un grupo cercano al correísmo, que ha sido señalado por sus supuestas conexiones con el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, Verduga ha argumentado que sus inasistencias a las audiencias se deben a problemas de seguridad personal, ya que tras su destitución como consejero, perdió la custodia policial que antes le garantizaba su protección.
Controversia sobre la salida de Verduga del país
Verduga también ha solicitado que se lo incluya en el sistema de protección de víctimas y testigos, con el fin de garantizar su seguridad durante las futuras presentaciones judiciales. Alega que las amenazas contra su vida son reales y que su familia también corre peligro. Sin embargo, la fiscal general Diana Salazar ha desestimado estos argumentos, indicando que las pruebas del expediente fiscal muestran que Verduga salió del país el 27 de enero de 2025, antes de su destitución y de la pérdida de su custodia policial.
Salazar destacó que Verduga salió de Ecuador por tierra, hacia Colombia, antes de que se produjera su destitución, lo que hace que su justificación sobre la inseguridad no sea creíble. Por otro lado, el registro migratorio muestra que Verduga cruzó la frontera por el puente de Rumichaca, en la provincia de Carchi, con destino a Pasto, Colombia, lo que refuerza la hipótesis de que su salida no fue motivada por razones de seguridad, como él ha argumentado.
Solicitud de cambio en la medida cautelar de Eduardo Franco Loor
En la misma audiencia diferida, también se debía tratar el pedido de revisión de la medida cautelar de Eduardo Franco Loor. Este exabogado de Jorge Glas solicitó que se le permita cumplir con la medida de presentación periódica en Guayaquil, en lugar de Quito, debido a una serie de problemas médicos que, según afirmó, incluyen cataratas, glaucoma y una afección en su hombro derecho que requiere cirugía. Franco Loor presentó un certificado médico en el que se detalla la necesidad urgente de intervenciones quirúrgicas.
