El 24 de marzo de 2025, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, dejó claro su rechazo a la posibilidad de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) procediera con su destitución a raíz de la suspensión de sus derechos políticos. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Abad advirtió que cualquier intento de utilizar un «mecanismo ilegal mediático» para removerla del cargo sería inapropiado. Esta declaración se dio antes de la reunión plenaria del TCE, donde se iba a tramitar el recurso de apelación presentado contra la sentencia inicial en el caso No. 227.
El conflicto comenzó en agosto de 2024, cuando Abad, en su calidad de vicepresidenta, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa y tres miembros de su gobierno por presunta violencia política de género, un delito considerado como una infracción electoral muy grave según el Código de la Democracia. La denuncia se basó en el numeral 14 del artículo 279 de dicho código, que tipifica este tipo de comportamiento como una violación que debe ser sancionada.
Sin embargo, Abad considera que la suspensión de sus derechos políticos no debe ser interpretada como una destitución de su cargo. En su publicación, reiteró que el TCE no tiene la facultad de cesar a una autoridad electa por voto popular. Según ella, la competencia para remover a un vicepresidente recae exclusivamente en la Asamblea Nacional a través de un juicio político, y no mediante una resolución del TCE.
«Suspender mis derechos políticos no es lo mismo que destituirme del cargo para el cual fui elegida por el pueblo», sostuvo Abad, al tiempo que enfatizó su responsabilidad de reemplazar al presidente en su ausencia, un deber constitucional que no puede ser alterado por una sanción del TCE. La vicepresidenta también alertó que cualquier intento de destituirla de esta forma sería un «fraude constitucional», subrayando que su puesto solo puede ser cuestionado y removido a través del proceso legislativo adecuado, que requiere de un juicio político y no de la acción de un tribunal electoral.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y el TCE, al tiempo que subraya la importancia de respetar los procedimientos constitucionales establecidos para la remoción de autoridades en Ecuador.
