El Ministerio de Gobierno reaccionó ante la formulación de cargos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, tres exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los señalados enfrentan acusaciones de asociación ilícita, conforme al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
A través de un comunicado titulado «¡No al Golpe de Estado Azul!», el Gobierno reafirmó su postura en favor de la transparencia y la institucionalidad, señalando que la llamada «liga azul» buscaba manipular la justicia y desestabilizar la democracia.
Acusaciones y medidas cautelares
El conjuez nacional Marco Aguirre Torre acogió parcialmente la solicitud del fiscal subrogante Wilson Toainga y estableció medidas cautelares para los implicados. Estas incluyen la prohibición de salida del país, presentaciones quincenales ante la Corte Nacional de Justicia en Quito y la retención de cuentas bancarias por un monto de $5.640, equivalente a la multa prevista por la infracción.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como evidencia más de 30 documentos PDF con conversaciones presuntamente relacionadas con los procesados. Estos archivos fueron compartidos públicamente a través de un enlace de Google Drive.
Origen del Caso Ligados
Este proceso legal surge de una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald, actual superintendente de Bancos, tras una disputa sobre su nombramiento. Los exconsejeros y la actual consejera del CPCCS desconocieron su designación y, en su lugar, ratificaron a Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos para el período 2022-2027.
El fiscal Toainga argumentó que el CPCCS se convirtió en «la sede de un partido político» con la intención de ocupar espacios de poder a través de maniobras irregulares. En su dictamen acusatorio, la Fiscalía también incluyó el artículo 278 del COIP, que tipifica la responsabilidad de los autores directos de una infracción.
Gobierno condena intentos de manipulación judicial
El Ministerio de Gobierno aseguró que el intento de la «liga azul» por influir en la justicia evidencia los nexos de la «vieja política» con instituciones democráticas. En su pronunciamiento, la entidad destacó que el Gobierno de Daniel Noboa rechaza cualquier estrategia destinada a la manipulación del sistema judicial con fines partidistas.
«Este Gobierno impulsa políticas de renovación, justicia y progreso que fortalecen la participación ciudadana y el Estado de derecho», enfatizó el comunicado. Además, se aseguró que la administración actual no permitirá que intereses particulares atenten contra la democracia y la institucionalidad del país.
