El presidente Daniel Noboa ha decidido otorgar un indulto presidencial a todos los policías y militares que respondieron al llamado de emergencia tras la masacre ocurrida en Nueva Prosperina, un sector de la ciudad de Guayaquil. El violento enfrentamiento, que dejó un saldo de 22 muertos y tres heridos, se produjo en la tarde del jueves 6 de marzo de 2025. Según las autoridades, este ataque está vinculado a un conflicto entre facciones del grupo criminal Los Tiguerones.
A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que tanto los policías como los militares que participaron en el despliegue de seguridad en la zona, o que lo hagan en el futuro, contarían con un indulto presidencial. «Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes», expresó Noboa en su mensaje, destacando el apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad ante la creciente violencia que enfrenta el país.
El incidente violento tuvo lugar en varios puntos de los sectores Socio Vivienda, La Casuarina y la Entrada de la 8, en la zona oeste de Guayaquil, conocida por su alta presencia de organizaciones delictivas. La Policía Nacional vinculó la masacre con una disputa interna entre facciones del grupo Los Tiguerones, que luchan por el control de las economías ilegales en la región, como el narcotráfico, el robo y la extorsión.
Las autoridades detallaron que, entre las víctimas fatales y los heridos, varios tienen antecedentes relacionados con delitos como robo, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Según informes de la Policía, los ataques ocurrieron cerca de las 3:00 p.m. y afectaron principalmente a las áreas conocidas como La Barraca y los bloques 1 y 2 en Nueva Prosperina, sectores identificados como puntos críticos de violencia organizada.
La masacre que se vivió en esta parte de Guayaquil no solo refleja el impacto de la lucha interna entre bandas delictivas, sino también la creciente preocupación por la inseguridad en el país. Este hecho ha generado un debate sobre las políticas de seguridad del gobierno, que busca intensificar la presencia de las fuerzas de seguridad en áreas vulnerables, al mismo tiempo que enfrenta desafíos en el combate contra el crimen organizado.
A raíz de esta situación, la decisión de otorgar un indulto presidencial busca garantizar que las fuerzas del orden puedan operar con mayor libertad y sin el temor a ser perseguidas por sus actuaciones en un entorno de violencia creciente. El gobierno de Noboa ha enfatizado la necesidad de tomar medidas enérgicas para hacer frente a las bandas criminales que operan en diferentes zonas del país, y este indulto sería una forma de apoyo a las acciones decididas de los cuerpos de seguridad.
Este indulto es solo una de las muchas decisiones que se están tomando dentro de un contexto de lucha contra el crimen organizado, que ha dejado huella en diversas regiones del Ecuador, particularmente en las zonas de Guayaquil y otras ciudades costeras, donde las organizaciones delictivas han crecido y fortalecido su control sobre diversos territorios.
