La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se encuentra en plena evaluación de las pruebas presentadas en el proceso de juicio político solicitado contra Johanna Verdezoto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La solicitud fue planteada por la asambleísta Ana Herrera, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), debido a presuntos incumplimientos de funciones por parte de Verdezoto. La comisión, que tiene un plazo de cinco días para elaborar un informe no vinculante, determinará si recomienda o no el juicio político.
Proceso de pruebas y las acusaciones presentadas
El 6 de marzo de 2025, la mesa de Fiscalización se reunió de manera virtual para recibir las pruebas tanto de cargo como de descargo. En esta sesión se cerró la fase de pruebas, y ahora la comisión iniciará la redacción del informe final que se presentará en los próximos días.
La principal acusación contra Johanna Verdezoto, según la asambleísta Ana Herrera, está relacionada con el incumplimiento de funciones en el proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Herrera señaló que la consejera mantuvo reuniones con Rodrigo Daniel Frías Toral, uno de los postulantes más destacados para el cargo, antes de la conclusión del concurso de méritos y oposición. Según Herrera, esta acción representa un claro conflicto de interés, ya que existía una relación previa entre la consejera y Frías Toral, especialmente cuando este último trabajaba como director provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos.
Además, Herrera destacó que la consejera Verdezoto incumplió el artículo 3 del reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, pues fue recusada en varias sesiones del CPCCS debido a las denuncias de la ciudadanía sobre su posible parcialidad en el proceso de selección.
La denuncia de concusión y perjurio
Otro de los puntos centrales en la acusación contra Verdezoto es una denuncia por presunta concusión y perjurio, relacionada con un contrato de arrendamiento de un departamento en Quito. La denunciante, Yodi Paucar, indicó que fue presionada para firmar un contrato con Verdezoto, quien, según la denuncia, le consiguió trabajo en el CPCCS. Paucar afirmó que no era la dueña del inmueble y que firmó el contrato bajo coacción. Además, Herrera subrayó que, debido a este acuerdo, Verdezoto habría cobrado ilegalmente viáticos por residencia, causando un perjuicio económico al CPCCS.
La denuncia también menciona la violación del principio de apariencia de la administración pública y el incumplimiento de los requisitos establecidos para solicitar viáticos por residencia. Según la legislación vigente, si se comprueba la falsedad en la declaración jurada presentada para obtener los viáticos, se pueden iniciar procesos civiles y penales contra el servidor público involucrado.
La defensa de Johanna Verdezoto
Por su parte, Johanna Verdezoto respondió a las acusaciones, cuestionando la forma en que fue presentada la evidencia en su contra. En cuanto a la denuncia de conflicto de intereses con Frías Toral, Verdezoto afirmó que solo asistió a un evento académico organizado por Tatiana Ordeñana en Quito, y no participó en ninguna reunión inapropiada. Además, presentó pruebas de que el evento en cuestión estaba debidamente registrado y no tenía vínculo con el concurso de selección para la Defensoría Pública.
Respecto a la denuncia de concusión, Verdezoto refutó los cargos, asegurando que el contrato de arrendamiento con Paucar era legítimo y notariado. Además, explicó que Paucar fue presionada para presentar una denuncia ante la Fiscalía debido a amenazas de represalias.
Verdezoto también insistió en que no existe evidencia suficiente que demuestre un conflicto de interés con Frías Toral. Afirmó que votó en contra de su designación como Defensor Público y cuestionó las acusaciones de su accionar en el proceso, mencionando que el concurso fue auditado y no hubo irregularidades.
El futuro del juicio político y la resolución de la Comisión
En este momento, la Comisión de Fiscalización debe evaluar cuidadosamente las pruebas presentadas y la defensa de Johanna Verdezoto. El informe final que se presentará en los próximos días determinará si el caso debe ser llevado a juicio político. Aunque el informe de la Comisión no es vinculante, su recomendación será clave para que la Asamblea Nacional decida si sigue adelante con el proceso.
Es importante destacar que, además de las acusaciones de incumplimiento de funciones y conflicto de intereses, el juicio político también está relacionado con la denuncia de perjurio y concusión por el contrato de arrendamiento, lo que aumenta la complejidad del caso. En los próximos días, se espera que el informe de la Comisión de Fiscalización dé una conclusión sobre si las pruebas son suficientes para recomendar el juicio político contra Verdezoto.
