El juicio del caso Purga continúa su desarrollo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con una audiencia en la que se analizan las pruebas presentadas por los trece acusados de formar parte de una estructura criminal. Este caso ha captado la atención nacional debido a las acusaciones de infiltración y control de la justicia en la provincia de Guayas, donde se asegura que estos acusados obtuvieron beneficios ilícitos mediante fallos favorables y la corrupción en los tribunales.
La audiencia comenzó el 5 de febrero de 2025 y está siendo presidida por los jueces de la Corte Nacional Daniella Camacho, Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre. A lo largo de este proceso, las defensas de los trece acusados han estado evacuando pruebas periciales, testimoniales y documentales para responder a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, que les imputa el delito de delincuencia organizada. De los acusados, tres están señalados como presuntos líderes de la organización criminal, mientras que diez son considerados cómplices.
Hasta el momento, las pruebas han sido presentadas por los abogados defensores de los tres individuos que se encuentran en el centro de la investigación, quienes son considerados como los líderes de esta red: Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano; Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y Johann Marfetán, exjuez penal del Guayas. Estos acusados enfrentan serias acusaciones de haber facilitado la manipulación de decisiones judiciales en la provincia, lo que les permitió recibir beneficios económicos y garantizar impunidad para otros miembros de la estructura.
El 18 de febrero de 2025, las defensas de otros dos enjuiciados también comenzaron a presentar sus pruebas. Ruth S., exabogada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y Henry T., exjuez del Guayas, son los últimos en intervenir en esta fase del juicio. Ambos enfrentan cargos relacionados con la organización criminal que presuntamente operaba dentro del sistema judicial de Guayas.
El caso Purga ha tenido un gran impacto en la opinión pública, ya que expone un posible entramado de corrupción dentro de los tribunales y la administración de justicia. Este juicio ha puesto en evidencia las presuntas complicidades entre varios actores del sistema judicial y personas vinculadas a actividades ilícitas, lo que genera preocupación sobre la integridad del poder judicial en el país.
El tribunal aún no ha emitido una sentencia, y el proceso sigue su curso. Sin embargo, el caso Purga sigue siendo uno de los más relevantes en el panorama judicial ecuatoriano, debido a la gravedad de las acusaciones y las implicaciones que tiene para la credibilidad de la justicia en el país.
