El representante de la Corte de Justicia Indígena Iberoamericana, Manuel Peñafiel, presentó este 17 de febrero de 2025 una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) solicitando la nulidad del escrutinio en el Distrito 3 de la provincia del Guayas. Peñafiel argumenta que se detectaron múltiples irregularidades en el conteo de votos durante las elecciones generales de 2025, lo que, según él, habría favorecido de manera ilegítima a la candidata del movimiento Revolución Ciudadana y a sus postulantes para la Asamblea Nacional.
Como parte de sus acciones legales, el denunciante también prevé acudir a la Fiscalía General del Estado para ampliar la denuncia e investigar posibles delitos electorales.
Irregularidades detectadas en las actas electorales
Peñafiel explicó que la noche del 9 de febrero, mientras realizaba un control electoral en el Distrito 3 del cantón Guayaquil, observó anomalías en la entrega de actas por parte de los coordinadores y delegados políticos de los recintos. Según su denuncia, una gran cantidad de actas correspondientes a la elección de presidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos contenían alteraciones en la sumatoria de los votos.
El denunciante señaló que estas modificaciones habrían sido realizadas con la intención de beneficiar a la candidata de Revolución Ciudadana. Además, denunció que muchas de las actas no contaban con la firma de los miembros de las juntas receptoras del voto, lo que pone en duda la validez del escrutinio.
Posibles implicaciones legales y electorales
Ante estas acusaciones, Peñafiel solicitó al TCE la anulación de los resultados en esta jurisdicción y la repetición de las elecciones en el Distrito 3 de Guayas. De ser aceptada la denuncia, este proceso podría derivar en una nueva convocatoria electoral en la zona y en sanciones para los responsables de las presuntas irregularidades.
Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia presentada. Sin embargo, el caso podría generar un debate en torno a la transparencia del proceso electoral y la necesidad de reforzar los controles en el escrutinio de votos.
En los próximos días, se espera que el organismo electoral analice las pruebas presentadas y determine si procede la anulación del escrutinio en esta jurisdicción.
