En un nuevo giro dentro del Caso Isspol, el juez anticorrupción Christian Quito solicitó el 10 de febrero de 2025 a Interpol la emisión de una notificación roja para localizar a Robert Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), quien se encuentra prófugo desde su llegada a Ecuador en noviembre de 2024, cuando fue deportado desde Estados Unidos. La orden de prisión preventiva en su contra, derivada de uno de los casos de peculado dentro del Isspol, no fue ejecutada al momento de su ingreso al país.
El proceso penal contra Luzuriaga está vinculado a actos de corrupción ocurridos durante su gestión en el Isspol. El juez Quito, quien lleva el caso desde diciembre de 2024, está investigando los delitos de peculado y delincuencia organizada, en los que también están implicados otros exfuncionarios del Isspol y algunos empresarios. Entre los investigados se encuentran los exdirectores generales del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, así como los exdirectores de Asesoría Jurídica y Económica-Financiera, Santiago Duarte y Orlando Nuques.
Solicitudes de captura internacional
La solicitud de Interpol fue realizada luego de que las autoridades del Consejo Directivo del Isspol y la Fiscalía General también pidieran la emisión de la notificación roja, para así asegurar la captura internacional de Luzuriaga. Este exfuncionario, se presume, abandonó Ecuador poco tiempo después de su llegada en noviembre de 2024. Según el informe, Luzuriaga es procesado por irregularidades financieras dentro del Isspol, que comprometieron fondos destinados a los afiliados de esta institución.
Causas abiertas y delitos investigados
El 31 de enero de 2024, la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, citó a juicio a un total de diez personas involucradas en el caso de peculado relacionado con operaciones financieras fraudulentas que perjudicaron los fondos del Isspol. Entre los acusados se encuentra Luzuriaga, el empresario Jorge Chérrez, los exdirectores Espinosa de los Monteros y Proaño, así como otros altos funcionarios de la institución, como Alfredo Valverde, Santiago Duarte y Orlando Nuques. También fueron llamados a juicio los exfuncionarios Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale), y Luis Domínguez, representante de la empresa Rusticussi.
Los cargos están relacionados con la negociación de $216,2 millones en operaciones de bonos entre 2017 y 2019, específicamente dentro del Pacto de Recompra de Bonos Global 2024. En estos acuerdos, los directivos del Isspol y las empresas involucradas habrían malversado los fondos de los afiliados al Isspol en beneficio propio, violando así los principios de transparencia financiera.
Nuevo proceso penal y otras investigaciones
El 16 de diciembre de 2024, se inició un nuevo proceso penal contra Luzuriaga, en el que también se le acusa de peculado por una irregularidad en la compra de un bien inmueble por parte del Isspol. Se alegó que el precio de compra estaba por encima del valor real de mercado, lo que habría generado pérdidas significativas. Este nuevo proceso se suma a las investigaciones previas por malversación de fondos y corrupción dentro de la institución.
Búsqueda de responsabilidades por la no detención
El hecho de que Luzuriaga no haya sido detenido a su llegada a Ecuador, pese a las órdenes de prisión preventiva en su contra, ha generado una serie de cuestionamientos. Las autoridades del Isspol han presentado acciones legales ante el Consejo de la Judicatura (CJ) para investigar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron que Luzuriaga permaneciera libre tras su retorno al país. Se espera que este proceso derive en sanciones a los responsables por el incumplimiento de la orden judicial.
Recomendaciones y medidas pendientes
Además de la solicitud a Interpol para la localización de Luzuriaga, el juez Quito también ha instado a las autoridades ecuatorianas a agilizar las investigaciones relacionadas con el peculado y a garantizar que se implementen medidas efectivas de control y transparencia dentro del Isspol. La emisión de la notificación roja y la búsqueda internacional de Luzuriaga son pasos cruciales para asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten la justicia y que el proceso de recuperación de los fondos malversados se lleve a cabo.
