La Asamblea Nacional de Ecuador está por iniciar una fiscalización para esclarecer si el Gobierno ha adquirido o arrendado el controvertido software de espionaje Pegasus. Este programa, utilizado para interceptar comunicaciones y espiar a personas, sería presuntamente empleado para monitorear a opositores políticos, periodistas, activistas y otros ciudadanos. La investigación fue impulsada por las bancadas de los bloques Construye y Partido Social Cristiano (PSC), quienes alertaron sobre la posibilidad de que el gobierno estuviera utilizando esta herramienta para fines de persecución política.
Este proceso de fiscalización comenzará en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional el próximo martes 17 de diciembre, siendo el primer tema del día. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, expresó su disposición para que se investigue a fondo si el Gobierno ecuatoriano realmente ha adquirido el software Pegasus, dada la información proporcionada por fuentes internas que aseguran que la herramienta ha sido comprada para fines de espionaje.
Veloz explicó que la fiscalización se llevará a cabo a través de una de las comisiones especializadas permanentes, y que en el marco de esta investigación se convocará al director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi, y al ministro de Gobierno, José de la Gasca, para aclarar si hubo una compra, a qué costos, y cuáles fueron los objetivos detrás de su adquisición.
Además, el borrador de la resolución de fiscalización incluye una solicitud dirigida al embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, para que proporcione información sobre el uso del software Pegasus en el país, especialmente sobre la posible implicación de actores tanto estatales como privados en su compra y utilización. La Asamblea pretende abrir una investigación de 90 días, dentro de los cuales se espera que la comisión correspondiente entregue un informe detallado con conclusiones y recomendaciones.
Los legisladores proponentes de la fiscalización argumentan que, según el marco legal ecuatoriano, la interceptación no autorizada de comunicaciones privadas constituye una grave violación de los derechos fundamentales, como la privacidad, y de las garantías establecidas en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estos actos de espionaje, además de poner en riesgo la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos, podrían fomentar la autocensura en los medios y frenar las actividades de denuncia de abusos.
De acuerdo con los asambleístas, el uso del software Pegasus no solo es ilegal, sino que también compromete el derecho de las personas a vivir sin injerencias por parte del Estado o actores privados, lo que representa una violación a los derechos humanos. En este contexto, subrayan que existen precedentes internacionales en los que las empresas que fabrican y distribuyen programas de espionaje han sido sancionadas por su implicación en violaciones de derechos humanos, lo que refuerza la necesidad de un proceso de investigación exhaustivo en Ecuador.
El software Pegasus ha sido desarrollado por la empresa israelí NSO Group y es conocido por ser utilizado exclusivamente por gobiernos para monitorear las actividades de organizaciones criminales y terroristas. Sin embargo, según los reportes de varias fuentes, se habría utilizado en Ecuador de manera indebida para espiar a periodistas, opositores políticos y activistas. Este uso del software no solo sería una violación directa de los derechos constitucionales, sino que también afectaría la libertad de expresión y el derecho al debido proceso, elementos fundamentales de la democracia.
En resumen, la Asamblea Nacional de Ecuador está tomando medidas para investigar el uso del software de espionaje Pegasus en el país, a fin de determinar si el Gobierno ha violado derechos fundamentales mediante su utilización en la persecución política y el control social.
