El 5 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones del Ecuador. Esta nueva legislación busca mitigar los efectos económicos derivados de los racionamientos de energía eléctrica que comenzaron en septiembre de 2024.
El principal objetivo de la ley es fomentar la recuperación económica a través de incentivos financieros, la promoción de empleo y el estímulo al emprendimiento. La aplicación de la ley cubrirá tanto los sectores público como privado, y contempla beneficios como la condonación de deudas, reestructuración de créditos, y alivios en los impuestos para facilitar la reactivación de la economía nacional.
Un aspecto clave de la legislación es la eliminación de una reforma propuesta por la bancada del correísmo, que sugería la contratación obligatoria de una persona adulta mayor no pensionada por cada 50 trabajadores. Aunque esta propuesta recibió el respaldo de la Revolución Ciudadana, fue retirada del proyecto debido a un error en su redacción, que especificaba que debía aplicarse solo a ciertos sectores, como los comerciales y administrativos.
El texto final de la ley, aprobado por amplia mayoría, incluye diversas medidas que buscan aliviar la carga financiera de empresas y ciudadanos. Estas incluyen la condonación de intereses, multas y recargos relacionados con impuestos, además de una serie de beneficios enfocados en el crédito educativo, el sector de la vivienda y los servicios financieros.
Durante la discusión, varios legisladores, como los miembros de la Revolución Ciudadana y los socialcristianos, señalaron que la ley fue significativamente mejorada. Originalmente propuesta por el Ejecutivo con solo 12 artículos, la normativa ahora incluye más de 30 disposiciones que ampliaron el alcance de los beneficios. Según los asambleístas, estos cambios son cruciales para asegurar que los sectores más vulnerables se beneficien de la ley y para evitar que los recursos solo lleguen a las élites económicas del país.
Uno de los puntos destacados del debate fue la propuesta de Rolando Carrera, del colectivo Mi Casa Propia, quien pidió que los deudores de créditos hipotecarios del Biess en mora pudieran acceder a periodos de gracia. El objetivo es proporcionar alivio temporal a aquellos que han perdido su empleo o han enfrentado una drástica reducción de ingresos.
Entre los principales alivios que ofrece la ley se encuentran:
- Alivio al IESS y Biess: Los afiliados que se encuentren en situación de desempleo en los próximos meses podrán acceder automáticamente al seguro de desempleo, sin necesidad de trámites adicionales.
- Beneficios para deudores hipotecarios: El Biess ofrecerá la posibilidad de reestructurar o refinanciar los créditos hipotecarios vigentes, con un periodo de gracia de hasta 90 días.
- Alivio en servicios públicos: Se implementarán medidas de flexibilización de pago en las facturas de servicios de internet y telefonía móvil, así como en los arrendamientos de inmuebles, los cuales no podrán incrementarse mientras dure la emergencia eléctrica.
- Condonación de deudas tributarias: Los contribuyentes podrán beneficiarse de la condonación de intereses, multas y recargos relacionados con impuestos, incluidas deudas por concepto de impuesto al rodaje y otros tributos administrativos.
- Alivio para empresas: Las empresas que no despidan a sus empleados en los últimos meses de 2024 recibirán un crédito tributario, y podrán acogerse a un plan excepcional de pago de impuestos pendientes con el SRI, que se extenderá hasta 12 meses.
Otro beneficio significativo es la transferencia de recursos generados por la Autoridad Portuaria de Manta a los gobiernos locales de la provincia de Manabí y el cantón de Manta, que recibirán un 70% de los ingresos derivados del puerto para apoyar el desarrollo regional.
La ley también incluye la utilización de maquinaria incautada por minería ilegal, que será entregada al Ministerio de Obras Públicas y a los gobiernos autónomos para ser utilizada en proyectos de infraestructura en sus territorios.
El proyecto será ahora enviado al presidente de la República, Daniel Noboa, para su sanción u objeción. Durante la votación, varios legisladores manifestaron su apoyo al proyecto, destacando la importancia de estas medidas para aliviar la carga económica de los ciudadanos y las empresas en medio de la crisis energética.
