En el marco del proceso de selección para renovar parcialmente la Corte Constitucional (CC) de Ecuador, diversas voces han levantado alertas sobre la participación de Fernando Yávar, comisionado delegado del presidente Daniel Noboa, en el concurso público para la designación de tres jueces constitucionales. Ciudadanos y organizaciones sociales han solicitado que Yávar renuncie debido a su vínculo directo con el primer mandatario, lo que podría poner en riesgo la imparcialidad del proceso.La polémica por la falta de independencia en la Comisión CalificadoraEl concurso público para la renovación de tres jueces de la Corte Constitucional se encuentra en la fase de impugnación y escrutinio, donde cualquier ciudadano u organización puede señalar irregularidades en las postulaciones. Esta fase se mantendrá abierta hasta el 11 de diciembre de 2024. La comisión calificadora, que lidera este proceso, está conformada por seis personas delegadas de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, la última de las cuales incluye a instituciones como la Contraloría General y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).Sin embargo, la participación de Yávar ha generado controversia debido a su rol como abogado personal del presidente Noboa, lo que podría comprometer su objetividad y afectar la confianza pública en el proceso de selección de los jueces. Esta preocupación fue expresada por la veeduría ciudadana, un grupo de ocho personas, que solicitó su renuncia alegando un conflicto de intereses.Rechazo a la veeduría del CPCCS por parte de la Comisión CalificadoraLa controversia se intensificó cuando la comisión calificadora desestimó la participación de la veeduría ciudadana, argumentando que no fue acreditada formalmente por los comisionados. A pesar de que el CPCCS es el encargado de conformar las veedurías, la comisión calificadora rechazó la inscripción del listado de postulantes a veedores, lo que llevó a cuestionamientos sobre la transparencia y la apertura del proceso.La resolución fue adoptada por la comisión el 17 de noviembre de 2024, cuando declararon que los veedores propuestos por el CPCCS no cumplían con los requisitos legales y formales para su participación. Esta decisión fue tomada a pesar de que la Ley de Participación Ciudadana establece la posibilidad de que el Consejo de Participación forme su propia veeduría, aunque la comisión calificadora también puede hacerlo.La expresidenta de la comisión calificadora, Vanessa Aguirre, defendió la autonomía del cuerpo colegiado, pero subrayó la importancia de permitir observadores externos para garantizar la transparencia del proceso. Aguirre señaló que la falta de una veeduría externa podría generar sospechas sobre la integridad del concurso, aunque la comisión aseguró que las reglas establecidas por ellos mismos debían prevalecer.El conflicto de intereses de la veeduría aprobada: Un caso inquietanteUn aspecto que ha generado gran preocupación es la composición de la veeduría aprobada por la comisión calificadora, que solo cuenta con un veedor, Santiago Machuca Lozano, quien tiene vínculos con uno de los postulantes: Angélica Porras Velasco. Machuca es parte de un grupo activista, Acción Jurídica Popular, del cual Porras es también miembro. Esto ha provocado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso de veeduría, dado que Machuca podría estar en una situación de conflicto de intereses debido a su relación con la candidata.Según el Reglamento General de Veedurías emitido por el CPCCS, la normativa establece que una veeduría debe estar formada por al menos tres personas, lo que pone en duda la validez de la veeduría que ha sido aprobada por la comisión calificadora. Aunque la comisión defiende que no existe impedimento legal para que Machuca supervise el proceso en el que participa su colega, la falta de imparcialidad es evidente, como lo señaló Vanessa Aguirre, quien resaltó que esta situación vulnera el principio de imparcialidad que debe regir todo mecanismo de supervisión.Llamado a la renuncia de Fernando Yávar por el posible conflicto de interesesLa veeduría ciudadana, coordinada por Fernando Bastías, también ha señalado la necesidad de que Fernando Yávar, comisionado del CPCCS, renuncie al cargo debido a su cercanía con el presidente de la República. Bastías ha destacado que Yávar no cumple con el principio de independencia, lo que podría poner en peligro la confidencialidad y seguridad de la información manejada durante el proceso de selección. Según Bastías, la información en manos de los comisionados es sumamente delicada, especialmente durante las fases de prueba escrita y oral, y su vinculación con el presidente podría influir en su capacidad para actuar de manera imparcial.Además, Bastías subrayó la falta de transparencia en el proceso, ya que aún no se ha revelado información clave, como los documentos que subsanaron los incumplimientos en los documentos de los postulantes. Esta falta de acceso a la información pública ha alimentado las preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia del proceso de selección.El CPCCS y la falta de apertura en el proceso de selecciónEl Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) también se ha sumado a las críticas, solicitando al CPCCS que entregue los expedientes de los miembros de la comisión calificadora y de la veeduría ciudadana. La falta de claridad y la opacidad en la gestión de los documentos han generado dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución.
