Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 21 altos funcionarios venezolanos, a quienes se les acusa de facilitar la reelección “fraudulenta” de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., estos individuos fueron responsables de implementar las políticas represivas del régimen de Maduro y de cometer acciones que socavaron el proceso electoral, ignorando la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.
De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios sancionados participaron activamente en las tácticas de represión hacia los ciudadanos venezolanos y en la manipulación de los resultados electorales. En particular, se les acusa de bloquear el ascenso de Edmundo González Urrutia, el verdadero vencedor de las elecciones, según las pruebas de fraude electoral presentadas por la oposición.
Las fuerzas de seguridad del régimen venezolano, entre ellas la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), también están implicadas en el arresto arbitrario de opositores y manifestantes pacíficos, según el gobierno de EE. UU. En el marco de estas sanciones, se prohíbe a los individuos afectados realizar transacciones financieras en territorio estadounidense y sus activos quedan bloqueados.
Entre los sancionados se encuentran figuras clave del gobierno de Maduro, como el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. También están en la lista altos mandos de las fuerzas de seguridad, como Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del influyente Diosdado Cabello, y Javier Marcana Tabata, jefe de la DGCIM.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como presidente tras las elecciones, pero hasta la fecha no ha publicado las actas oficiales con los resultados desglosados, lo que ha generado más dudas sobre la legitimidad del proceso. En contraste, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, presentó pruebas que indican que González Urrutia ganó las elecciones.
En respuesta a estas denuncias, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como el ganador de las elecciones en agosto, basándose en la “abrumadora evidencia” de su victoria. Posteriormente, el 19 de noviembre, lo nombró oficialmente como «presidente electo» de Venezuela.
Estas sanciones se suman a un largo historial de medidas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, que incluyen a más de 150 ciudadanos venezolanos y un número significativo de entidades del país, acusados de llevar a cabo “acciones antidemocráticas”.
