La condena de diez años de prisión impuesta a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, por el delito de delincuencia organizada ha generado gran controversia. El Tribunal Anticorrupción, integrado por los jueces Víctor Barahona, Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, dictó esta sentencia el 20 de noviembre, luego de considerar que Carrera lideró, junto al asesinado empresario Rubén Cherres, una red de corrupción dentro de empresas públicas durante el gobierno de Lasso.
El abogado defensor de Carrera, Alfonso Zambrano Pasquel, calificó la sentencia como una “barbarie judicial” y argumentó que se dictó sin pruebas sólidas que la respaldaran. Según Zambrano, la sentencia confirma lo que él considera una persecución política, judicial y mediática contra Carrera, quien asegura ser un “ecuatoriano inocente”. En su opinión, el Tribunal actuó de manera parcial al no considerar las pruebas presentadas por la defensa, ni valorar el testimonio de Carrera durante la audiencia.
La acusación en contra de Carrera se basa en una serie de chats, llamadas y seguimientos presentados como pruebas por parte de la Fiscalía. De acuerdo con la sentencia, estos elementos corroboraron la existencia de una “estructura criminal” dedicada a obtener beneficios económicos mediante el control de empresas públicas. El Tribunal identificó a Carrera como uno de los actores clave dentro de esta red de corrupción, a pesar de las objeciones de la defensa.
La apelación y los recursos legales
En respuesta a la condena, la defensa de Carrera anunció que interpondrá “todos los recursos pertinentes en el presente y en el futuro”. Esto incluye tanto recursos horizontales, como la ampliación y aclaración de la sentencia, como también el recurso vertical de apelación. Según el abogado Zambrano, estos recursos son fundamentales para garantizar un juicio justo y corregir lo que considera un error judicial.
El abogado también criticó el hecho de que el Tribunal haya aceptado sin reservas los cargos de la Fiscalía, que incluso utilizó investigaciones de otros casos, como el denominado “León de Troya”, para apoyar su argumentación en el caso de Carrera. En su comunicado, Zambrano insistió en que la acusación de delincuencia organizada es un “delito de peligro abstracto”, es decir, que no requiere de un resultado concreto, lo cual, a su juicio, hace más difícil demostrar la culpabilidad de los acusados.
La sentencia contra Antonio Icaza
La misma sentencia también afectó a Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), quien fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión. La pena para Icaza fue agravada por su condición de funcionario público al momento de cometer el delito, lo que implicó una extensión adicional de la pena base de siete años. La Fiscalía también presentó pruebas de que Icaza fue colaborador clave dentro de la red de corrupción encabezada por Carrera.
La postura de la defensa y las repercusiones
La defensa de Carrera sostiene que la sentencia no cumple con los estándares de motivación suficientes, ya que no se dio una explicación razonada sobre por qué el Tribunal desestimó su testimonio. Zambrano criticó que el fallo del Tribunal se limitara a seguir los argumentos de la Fiscalía sin realizar un análisis detallado de las pruebas presentadas por la defensa.
Por su parte, Zambrano aseguró que la condena de Carrera estaba dentro de lo “previsible”, y recordó que Ecuador ha sido históricamente un país donde el poder judicial ha sido objeto de abusos. Afirmó que el caso de Carrera es solo un ejemplo más de un sistema judicial que, según él, ha cedido ante la presión de ciertos sectores de la comunicación y ha ignorado el principio de presunción de inocencia.
El abogado concluyó que, a pesar de la condena, confía en que la justicia finalmente se hará valer y que la verdad saldrá a la luz en el proceso de apelación. Consideró que Carrera es una víctima de la «perversidad de un sistema judicial» que ha sido moldeado por intereses políticos y mediáticos.
Multas y reparación integral
Como parte de la sentencia, tanto Danilo Carrera como Antonio Icaza deberán pagar una reparación integral de $682.668,08. Además, el Tribunal impuso multas a ambos condenados: Carrera deberá abonar 40 salarios básicos unificados (SBU), lo que equivale a $18.400, mientras que Icaza deberá pagar 20 SBU, es decir, $9.200.
La crítica a la justicia penal ecuatoriana
La defensa de Carrera continúa cuestionando la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano y anticipa que la apelación permitirá corregir lo que consideran un fallo injusto. A pesar de la condena, la lucha legal de Carrera está lejos de terminar, y su equipo legal asegura que seguirán luchando hasta que se haga justicia.
