El 13 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una moción que condena la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, determinada a través de un sumario administrativo realizado por el Ministerio del Trabajo. La moción, impulsada por la asambleísta Lucía Posso del partido Avanza, fue aprobada con 86 votos afirmativos, 27 negativos y 5 abstenciones. Esta resolución es un rechazo explícito a las acciones tomadas por la ministra Ivonne Núñez, que han sido calificadas como inconstitucionales e ilegales por el Parlamento.
El contexto de la resolución y la controversia
La resolución que condena a la vicepresidenta Abad fue emitida el 8 de noviembre de 2024, en el marco de un procedimiento administrativo que, según los legisladores, no está dentro de las competencias del Ministerio del Trabajo. El documento aprobado por la Asamblea considera que la sanción impuesta a Abad—una suspensión temporal de 150 días sin goce de sueldo—viola la Constitución y afecta gravemente los principios democráticos de Ecuador. De acuerdo con los asambleístas, el Ministerio del Trabajo no tiene facultades para juzgar a funcionarios electos popularmente por faltas administrativas, lo que representa una vulneración del marco legal.
La moción también plantea que el sumario administrativo contra Abad fue una actuación irregular, ya que este tipo de procedimientos están restringidos a servidores públicos que no pertenecen a la carrera del servicio público. En este caso, la vicepresidenta de la República, siendo una funcionaria de elección popular, no debería haber sido sujeta a este proceso.
Respaldo de los legisladores y rechazo al procedimiento
La condena por parte de los 86 asambleístas fue un claro pronunciamiento en contra de las acciones de la ministra Ivonne Núñez, quien fue acusada de haber actuado fuera del marco constitucional al establecer un procedimiento especial para sancionar a servidores públicos fuera de la carrera del servicio público. Los legisladores resaltaron que este procedimiento, al permitir que funcionarios electos sean investigados y sancionados por faltas administrativas, podría crear un precedente peligroso para la democracia del país.
Además, la Asamblea Nacional exigió que el caso sea revisado por la Corte Constitucional para que se interpreten correctamente los artículos 146, 149, 150 y 154 de la Constitución, que tratan sobre las funciones de la vicepresidencia y la manera en que deben ser reemplazados los presidentes y vicepresidentes en caso de ausencia temporal.
La ministra Ivonne Núñez deberá rendir cuentas ante la Asamblea
En el marco de la resolución aprobada, la Asamblea Nacional ordenó la comparecencia de la ministra Ivonne Núñez ante el pleno del Parlamento. La ministra deberá explicar las razones detrás de su decisión de suspender a la vicepresidenta Verónica Abad y aclarar los motivos que la llevaron a tomar tal medida. Esta comparecencia es una respuesta directa a las dudas planteadas por los legisladores sobre la legalidad y la constitución de la resolución adoptada.
Medidas adicionales y acciones jurídicas
La moción también incluyó un llamado a todas las autoridades de control del país para que, en el ejercicio de sus competencias, revisen el proceso administrativo llevado a cabo por el Ministerio del Trabajo, con el fin de garantizar que no se haya interferido en el mandato popular de la vicepresidenta Abad. Además, se hizo un llamado a las instituciones para que actúen conforme a la Constitución y respeten los principios democráticos y los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos humanos y derechos políticos.
Asimismo, la Asamblea ordenó que el contenido de esta resolución sea notificado a todas las autoridades e instituciones correspondientes para que se tomen las medidas pertinentes en relación al procedimiento administrativo contra la vicepresidenta.
Resolución oficial de la Asamblea Nacional
La resolución adoptada por la Asamblea Nacional, que condena las acciones de la ministra Ivonne Núñez y rechaza la sanción a la vicepresidenta, está compuesta por varios puntos clave:
- Condenar las acciones de la ministra Ivonne Núñez, por haber establecido un procedimiento inconstitucional para sancionar a funcionarios electos popularmente.
- Rechazar la resolución de suspensión temporal de la vicepresidenta Abad, considerándola ilegal.
- Solicitar que la Corte Constitucional emita una interpretación sobre los artículos relevantes de la Constitución relacionados con la función de la vicepresidencia.
- Desconocer la sanción contra la vicepresidenta Abad, en tanto se considere inapropiada y no respaldada por la ley.
- Convocar a la ministra Ivonne Núñez para que explique su decisión ante el pleno de la Asamblea Nacional.
- Alertar a las autoridades competentes para que revisen el proceso administrativo sin interferir en el mandato popular.
Este proceso refleja una clara tensión entre las autoridades legislativas y el Ejecutivo en relación con el ejercicio de las competencias y el respeto al marco constitucional en Ecuador.
