El juicio político contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, quedará pendiente hasta la próxima Asamblea Nacional, que tomará posesión tras las elecciones generales de febrero de 2025. Esta resolución se deriva de una serie de acusaciones en su contra, que surgieron a raíz de la controversia con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. La Asamblea había aprobado una resolución de rechazo hacia la sanción administrativa que la ministra impuso a Abad por presunta falta grave, y uno de los puntos de esa resolución fue proponer un juicio político contra Núñez por la posible arrogación de funciones.
El 14 de noviembre de 2024, cuatro asambleístas presentaron formalmente la solicitud de juicio político. Los nombres de los ponentes son Mariana Yumbay de Pachakutik (PK), Jahiren Noriega de la Revolución Ciudadana (RC), Carla Cruz del Partido Social Cristiano (PSC), y Cristina Chávez (independiente). Los cuatro recolectaron 44 firmas, superando las 35 necesarias para presentar la solicitud.
Motivos del juicio político
Noriega y Yumbay explicaron que el juicio político contra Núñez se basa en siete causas principales:
- Incumplimiento del deber de garantizar los derechos constitucionales al emitir un acuerdo ministerial que dio inicio a un sumario administrativo contra Abad.
- Falta de publicidad en el procedimiento administrativo.
- Irrespeto a disposiciones internacionales y constitucionales.
- Arrogación de funciones, lo que afecta la seguridad jurídica.
- Violación del debido proceso.
- Discriminación y violencia política de género.
- La crítica hacia la designación de Daniel Noboa como presidente, acusando que la vicepresidencia fue vista como un cargo decorativo.
Mariana Yumbay expresó que, a su juicio, el gobierno de Noboa ha minimizado la importancia del cargo de vicepresidente, algo que, según ella, perjudica a las mujeres que ocupan esos cargos. Noriega, por su parte, afirmó que el accionar de la ministra Núñez demuestra un desdén hacia la Constitución y hacia los derechos de Abad.
El caso de Verónica Abad
La controversia comenzó en septiembre de 2024, cuando el Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo en contra de Verónica Abad. La acusación fue que la vicepresidenta abandonó su puesto por más de tres días sin justificación, lo que, según la Ley Orgánica de Servicio Público, constituye una falta grave. Como resultado, Abad fue suspendida sin remuneración durante 150 días, lo que equivale a cinco meses de su mandato.
La razón oficial de la suspensión fue que Abad, en su rol como embajadora en Israel, no cumplió con la instrucción de trasladarse a Ankara, Turquía, antes del 1 de septiembre, debido al conflicto en el Medio Oriente. Abad defendió su posición y solicitó a la Asamblea que se pronuncie sobre lo que consideró una violación de la Constitución.
Respuesta de la Asamblea y siguientes pasos
El 13 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó una resolución con más de 80 votos que rechazó la sanción administrativa impuesta a Abad. Además, propuso varias medidas correctivas, entre ellas, la interpretación de la Corte Constitucional sobre los artículos relacionados con la Vicepresidencia y la convocatoria de la ministra Ivonne Núñez para que dé explicaciones en el Parlamento.
El asambleísta Otto Vera (PSC) mencionó que, en las próximas horas, se enviaría un documento a la Corte Constitucional, pero este proceso depende de la preparación del equipo jurídico de la Asamblea. Además, Vera aseguró que espera que, lo más pronto posible, Núñez sea convocada al pleno del Legislativo para que explique su intervención en el caso.
Otros juicios pendientes
El caso de Ivonne Núñez no es el único juicio político en trámite. En los últimos días, también se han solicitado juicios contra otras figuras del gobierno y del sector público. Entre ellos se destacan:
- Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
- Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
- Gustavo Manrique, ex canciller del gobierno de Guillermo Lasso.
- Fernando Muñoz, juez del TCE.
- Johanna Verdezoto, vocal del CPCCS.
- Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas en el gobierno de Noboa.
Posible demora por elecciones
Con las elecciones generales de 2025 a la vuelta de la esquina, la próxima Asamblea tendrá que tomar decisiones sobre los juicios políticos pendientes. Mariana Yumbay reconoció que este proceso tomará tiempo, pero afirmó que los nuevos legisladores deberán tramitar el juicio y observar los incumplimientos constitucionales que derivaron del conflicto entre las autoridades del gobierno de Daniel Noboa.
Por ahora, el juicio político a Ivonne Núñez quedará pendiente y será evaluado por la nueva Asamblea que se instale tras las elecciones de 2025.
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