Luis Altamirano, excomandante general del Ejército de Ecuador entre 2019 y 2020, y actual analista de seguridad y docente, ha expresado su preocupación por el manejo del informe sobre las plantaciones de coca en el país. En una reciente entrevista, Altamirano criticó al presidente Daniel Noboa por anunciar que, según informes satelitales, hay 2,000 hectáreas de coca en Ecuador. A su juicio, este asunto debería haber sido tratado en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), considerando que el documento no es concluyente.
«Es fundamental abordar estos temas con rigor, contrastando la información con datos locales y pruebas adicionales», afirmó Altamirano. Destacó que la capacidad de producción de coca depende de varios factores, incluyendo la densidad de las plantas por hectárea. Esta densidad puede clasificarse en baja, mediana y alta, y varía considerablemente según las condiciones del cultivo, la preparación del suelo y el clima.
El general en servicio pasivo señaló que las conclusiones apresuradas sobre la disponibilidad de estas hectáreas para producción son problemáticas. “En Colombia, el cultivo de coca se inicia con semilleros que tardan entre dos y tres meses en trasplantarse. La producción no se realiza de la noche a la mañana”, subrayó. También resaltó que basar la evaluación únicamente en imágenes satelitales es insuficiente. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito utiliza un sistema más robusto que incluye visitas de campo y análisis en profundidad.
Altamirano subrayó que aunque en Ecuador podría haber cultivos de coca, es esencial conocer las condiciones específicas de estos. En los últimos años, las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía han destruido más de 550,000 plantas en el cordón fronterizo. “Anuncios como estos generan más temor en la población, pero no reflejan la realidad completa del narcotráfico en Ecuador”, indicó.
El informe del Departamento de Estado de EE. UU. sugiere que se realice un monitoreo de cultivos ilícitos a través de un comité interinstitucional. Altamirano sugirió que tal monitoreo debería incluir visitas a las áreas afectadas, enfatizando la necesidad de un enfoque integral que no se limite solo a la seguridad.
«Es importante considerar que en Colombia, 400,000 familias dependen del cultivo de coca. Si no se ofrecen alternativas viables, el problema persistirá», advirtió. La situación en Ecuador, vinculada a la presión ejercida en Colombia, ha llevado a que el país se convierta en una ruta alternativa para el narcotráfico.
El excomandante destacó que no solo es vital atacar las plantaciones, sino también los “cristalizaderos”, donde se procesa la coca. Aunque se han realizado operaciones exitosas contra laboratorios, la mayoría se encuentran en territorio colombiano, lo que complica la labor de las autoridades ecuatorianas.
Asimismo, Altamirano criticó la percepción errónea de que la frontera es una línea claramente definida, ya que muchas veces no es posible determinar si los cultivos están del lado ecuatoriano o colombiano. “Este informe es exploratorio y debemos ser cautelosos al hacer declaraciones que pueden alarmar a la población”, sostuvo.
Por último, enfatizó que la política de seguridad no debe ser influenciada por ciclos electorales, ya que esto puede afectar la confianza pública y la economía. “La cooperación internacional es crucial, pero también debemos reconocer que la demanda es un factor que impulsa la oferta”, concluyó Altamirano.
