En un esfuerzo por combatir la corrupción en la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha destituido a 25 servidores judiciales involucrados en los casos Metástasis, Plaga y Purga. Este anuncio, que se dio a conocer recientemente, revela que la mayoría de los destituidos son jueces, un total de 17, junto con cuatro secretarios de unidades judiciales, tres fiscales y un presidente de Corte Provincial.
Según el reporte del CJ, las destituciones se distribuyen de la siguiente manera: 13 en Guayas, 7 en Santo Domingo de los Tsáchilas, 2 en Manabí, 2 en El Oro y 1 en Cotopaxi. La institución reafirmó su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a la corrupción, afirmando que se continuarán las investigaciones relacionadas con estos casos.
Detalles de los Casos
El caso Metástasis involucra delitos de delincuencia organizada vinculados a una red que otorgaba favores judiciales al narcotraficante fallecido Leandro Norero, así como a sus familiares y asociados. Hasta el momento, 30 personas han sido llamadas a juicio, entre las que se encuentran el ex-presidente de la Judicatura, Wilman Terán, el exlegislador correísta Ronny Aleaga, y otros personajes relacionados con Norero.
En cuanto al caso Plaga, las investigaciones también se centran en delitos de delincuencia organizada que implican la concesión de favores judiciales a figuras políticas y funcionarios judiciales. Este proceso está en sus etapas preliminares, con 13 personas involucradas, entre ellas el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo.
Por su parte, el caso Purga abarca una red más amplia de delincuencia organizada que involucra a policías, jueces, funcionarios y abogados, todos colaborando para beneficiar a criminales y políticos. Actualmente, hay 31 personas bajo investigación, y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está programada para el próximo lunes, 21 de octubre.
El Consejo de la Judicatura continúa firme en su misión de erradicar la corrupción dentro del sistema judicial, resaltando la gravedad de estas acciones en un contexto donde la integridad y la confianza pública son fundamentales.
