La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha calificado un juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, fundamentado en el “incumplimiento de funciones”. Este proceso se origina por presuntas “inacciones” que habrían provocado apagones de hasta ocho horas diarias durante casi un mes.
Las acusaciones fueron presentadas por los asambleístas Jaime Moreno y Ana Galarza, del movimiento Construye, y Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC). En la solicitud se detalla que Arrobo fue informada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) sobre la grave situación que enfrentaba el sistema de provisión eléctrica del país.
Según los denunciantes, el 20 de marzo de 2024, el Cenace advirtió a Arrobo que el Sistema Nacional Interconectado operaba en condiciones de “inestabilidad” y que estaba “expuesto permanentemente a desconexiones”. A pesar de esta advertencia, la exministra no tomó ninguna acción, según las acusaciones.
Adicionalmente, se menciona un “mal manejo” del complejo hidroeléctrico Paute, que incluye las plantas Mazar, Amaluza y Sopladora, como otro punto que agrava las acusaciones.
La exministra ahora cuenta con un plazo de quince días para presentar pruebas en su defensa, mientras que los asambleístas que impulsan el juicio también podrán añadir más información y evidencias a sus acusaciones. Durante este proceso, se espera que se presenten informes sobre la crisis energética elaborados por la Comisión de Fiscalización, los cuales incluirán datos de ministros y exministros de Energía de años anteriores.
El desarrollo de este juicio político se enmarca en un contexto crítico para el sector energético del país, donde los problemas de suministro eléctrico han generado una creciente preocupación entre los ciudadanos y las autoridades.
