En medio de acusaciones de intimidación, el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Sebastián B. A., y su asesor, Daniel Lenín R. P., se enfrentan a una audiencia programada para el 29 y 30 de octubre en el marco del caso conocido como «Nene». Este proceso legal se originó el 22 de marzo, cuando Sebastián B. A. fue detenido bajo sospechas de tráfico de influencias. Desde entonces, la situación ha evolucionado, generando un gran interés mediático y público.
La jueza Karol Zambrano, encargada del caso en la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, ha dado paso a esta audiencia luego de un diferimiento que tuvo lugar el 11 de septiembre. En esta audiencia se evaluarán las pruebas y se preparará el juicio en contra de los acusados.
La Fiscalía ha estado investigando el caso en profundidad desde su inicio, lo que llevó a la sospecha de que la vicepresidenta Abad podría estar involucrada, dado que tiene fuero de Corte Nacional. Sin embargo, el 14 de junio, la Asamblea Nacional decidió no autorizar el enjuiciamiento penal de Abad, manteniendo su inmunidad, y por lo tanto, solo se prosiguió con el asesor.
La controversia gira en torno a la denuncia de un individuo identificado como Rommel P. Quien alegó haber sido contactado por Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., quienes le ofrecieron un cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia. Sin embargo, para aceptar el puesto, le pidieron que cediera una parte considerable de su salario de $3,200 mensuales. Inicialmente, le solicitaron $2,000, pero luego, tras negociaciones, el monto se ajustó a $1,500. Sin embargo, Rommel P. nunca pudo cumplir con este pago, ya que fue desvinculado del cargo antes de poder retirar una garantía que había firmado por $30,600.
En un giro adicional al caso, Oswaldo Trujillo, abogado de Francisco Sebastián B. A., ha presentado una denuncia ante la Fiscalía alegando que su cliente ha sido objeto de amenazas e intimidaciones. Trujillo declaró que su defendido ha sufrido seguimientos y vigilancia, incluyendo la observación de drones sobre su vivienda en Cuenca, Azuay. En su declaración, menciona que le dejaron un mensaje sugiriendo que estaba siendo espiado.
El abogado también ha solicitado a la Fiscalía que realice una asistencia penal internacional para investigar posibles cuentas offshore de Francisco Sebastián B. A. en paraísos fiscales. “El objetivo es confirmar la relación de estas empresas con Sebastián B., así como sus movimientos financieros”, explicó Trujillo. Aunque su cliente sostiene que no posee activos ni cuentas en paraísos fiscales, la veracidad de esta afirmación se está investigando.
Recientemente, varios medios de comunicación publicaron información relacionada con Francisco Sebastián B. A., revelando que podría estar vinculado a tres cuentas bancarias en Belice y Port Louis, en la isla Mauricio, donde se habrían movido más de $7.2 millones.
Francisco Sebastián B. A., un abogado con experiencia en el sector público, ha desempeñado funciones en la Defensoría Pública y en la Gobernación del Azuay. La situación actual de este caso destaca la tensión en la política ecuatoriana y las implicaciones de corrupción en el gobierno.
