La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha enviado un oficio a la Asamblea Nacional solicitando la fiscalización de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y de la canciller Gabriela Sommerfeld. En su carta, Abad alega haber sido objeto de “persecución política” y ha pedido que este asunto se discuta en la sesión del pleno programada para el martes 24 de septiembre.
Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, ha expresado su preocupación sobre la posible utilización de mecanismos no previstos en la Constitución para intentar destituir a Abad. Kronfle enfatizó que el tema se resolverá de acuerdo con la ley y que su decisión será pública. «No se puede adelantar a si este pedido podría llevar a juicios políticos contra las ministras», declaró.
Abad fundamenta su solicitud en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho a presentar quejas y recibir respuestas adecuadas de las autoridades. En su misiva, mencionó varios antecedentes que, según ella, justifican su pedido de fiscalización. Estos incluyen decretos ejecutivos que la designaron embajadora en medio del conflicto entre Israel y Palestina y la instrucción de estar físicamente en la oficina consular en Tel Aviv, acciones que considera como un trato despectivo y persecutorio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El caso de la ministra del Trabajo se relaciona con un sumario administrativo iniciado contra Abad, que supuestamente le atribuye funciones no correspondientes. Abad sostiene que cualquier procesamiento en su contra debe ser competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.
El Ministerio del Trabajo había abierto un sumario administrativo el 10 de septiembre de 2024, argumentando que Abad no cumplió con la orden de llegar a Ankara antes del 1 de septiembre, ya que arribó el 9 de ese mes. En su solicitud, Abad pide que se realice un control político sobre ambas ministras y que se evalúe su responsabilidad política en el desempeño de sus funciones, además de cualquier otra responsabilidad derivada de los hechos denunciados.
En su comunicación, Abad autorizó a sus abogados, Damián Armijos Álvarez, Dominique Dávila Silva y Éric Erazo Arteaga, para que la representen durante este proceso. Cabe destacar que el pasado 14 de junio, la Asamblea Nacional ya había respaldado a la vicepresidenta, negando la autorización para un enjuiciamiento penal en su contra relacionado con el caso Nene.
