Entre el 27 y 28 de agosto de 2024, Wilman Terán, actualmente procesado por obstrucción de la justicia y delincuencia organizada en los casos Independencia Judicial y Metástasis, ha presentado dos acciones de protección contra Teleamazonas y dos funcionarios de Ecuavisa. A través de estas acciones, Terán busca ejercer su derecho a replicar las declaraciones realizadas por la fiscal general, Diana Salazar, en entrevistas emitidas por estos medios.
En sus escritos, Terán, quien también se desempeñó como presidente del Consejo de la Judicatura y juez de la Corte Nacional de Justicia, sostiene que desde su encarcelamiento el 14 de diciembre de 2023 ha sido objeto de críticas y juicios de valor que han afectado su imagen. Acusa a figuras políticas y medios de comunicación, como Ecuavisa y Teleamazonas, de emitir juicios paralelos sin ofrecerle la oportunidad de responder, lo que considera una vulneración de sus derechos constitucionales.
En la acción de protección contra Ecuavisa, presentada el 27 de agosto, Terán alega que las declaraciones de Diana Salazar, realizadas el 23 de agosto, lo acusan de delitos graves y de tener conexiones con narcotraficantes. Exige que se le permita responder en un formato similar al de la entrevista original, pidiendo incluso que el mismo periodista, Carlos Rojas, lo entreviste para replicar las acusaciones.
En cuanto a Teleamazonas, la acción de protección presentada el 28 de agosto aún no ha sido detallada en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), pero está en manos de la jueza Margarita Ortega Galarza. La causa contra Ecuavisa será evaluada por los jueces penales Galo Rumiguano (ponente), Pablo Coello y Milton Maroto en Quito.
Además, Terán ha presentado un cuarto habeas corpus ante la Corte Nacional de Justicia. En este recurso, solicita no solo su liberación bajo medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, sino también la suspensión de la fiscal general Diana Salazar y del fiscal general subrogante Wilson Toainga. Este habeas corpus, presentado el 20 de agosto, forma parte de un amicus curiae para participar en el proceso contra el fiscal Toainga relacionado con el caso Confourtable.
En su solicitud de habeas corpus, Terán y su defensa argumentan que su vida y salud mental están en peligro debido a su situación de detención. Piden que se le otorgue la libertad bajo medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva y que se le reubique desde la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito. Los jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional aún no han fijado una fecha para la diligencia relacionada con este habeas corpus.
