El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador ha revelado un desembolso total de $8.665 millones destinado a proveedores y entidades públicas. Sin embargo, a pesar de esta cifra significativa, el pago no garantiza que todas las obligaciones estén completamente al día. De hecho, aún persisten atrasos, especialmente en el sector de transporte y en pagos pendientes de años anteriores.
El anuncio incluye $2.727 millones destinados a cubrir obligaciones heredadas de administraciones anteriores. La distribución de estos fondos abarca una amplia gama de áreas, como el aumento del presupuesto para el Ministerio de Salud, que ahora cuenta con más de $100 millones adicionales para saldar deudas con proveedores importantes como clínicas dializadoras, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) y la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Además, se asignaron $4,3 millones para proteger a los usuarios del transporte.
Marco Leguízamo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Proveedores del Estado, comentó que, aunque el Gobierno ha comenzado a abonar las facturas correspondientes a 2024, aún quedan pendientes pagos de 2023. Según Leguízamo, sería más lógico que se saldaran completamente las deudas del año pasado antes de iniciar los pagos del año en curso, que ya acumulan atrasos.
Leguízamo explicó que, de acuerdo con la última actualización, hay una deuda pendiente de $3 millones del año 2023. El sistema actual de pagos es considerado complicado por los proveedores, ya que la orden de pago se genera a 60 días después de que se presta el servicio. Este retraso contrasta con el sistema anterior, donde las facturas se pagaban en un plazo de 24 horas desde la emisión de la orden de pago. Esto ha resultado en un retraso significativo, a veces de hasta tres meses, lo que afecta especialmente a los proveedores de servicios que requieren alta mano de obra.
En relación a los pagos atrasados de 2023, Leguízamo mencionó que la administración actual ha intentado justificar la falta de pagos señalando que corresponde a un gobierno anterior. No obstante, para los proveedores, un gobierno es un solo ente, independientemente de quién esté en el poder.
Por otro lado, Carlos Brunis, presidente de la Asociación de Transportistas de Pichincha, informó que alrededor del 70% de los transportistas están recibiendo las compensaciones adecuadas. Sin embargo, existen problemas de comunicación y registro, ya que algunos transportistas aún no figuran en el padrón de beneficiarios, mientras que otros no han recibido compensaciones que ya habían sido aprobadas. Brunis señaló que la semana pasada se reunió con autoridades gubernamentales para abordar estos problemas y solicitar una revisión de los datos en el sistema de compensaciones.
El sistema de compensaciones fue implementado tras el ajuste en los precios de las gasolinas extra y ecopaís, que entró en vigor el 28 de junio. Este programa está dirigido a propietarios de taxis, tricimotos y camionetas formales, y busca mitigar el impacto del aumento en los costos de combustible.
