En el primer semestre de 2024, la contratación de obra pública en Ecuador experimentó una caída significativa del 11% en comparación con el mismo período del año anterior. De enero a junio, el Estado, incluyendo al Gobierno central y organismos seccionales, asignó $2.549 millones a proyectos de infraestructura, compra de bienes y servicios, según datos del portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop). Esta cifra representa una disminución respecto a los $2.873 millones destinados en el primer semestre de 2023.
Los datos de Sercop revelan que, en los primeros seis meses de este año, se adjudicaron 140.689 contratos y se seleccionaron a 13.359 contratistas para llevar a cabo diversas obras públicas. Entre los proyectos destacados se incluyen la construcción de la cárcel de Santa Elena, la pavimentación de calles, la edificación de viviendas de interés social y la instalación de redes de agua potable y alcantarillado. Entre los principales adjudicatarios se encuentran empresas como Latina Seguros C.A., Puentes y Calzadas Infraestructura S.L., y Petroamazonas EP.
El economista Alberto Acosta Burneo atribuye la disminución en la contratación pública a la falta de recursos del Estado, lo que afecta directamente la generación de empleo en el sector de la construcción. “La reducción en la inversión pública debilita la construcción y, por ende, genera menos empleo,” señala Acosta Burneo. Añade que la crisis fiscal prolongada desde 2014, tras el colapso de la bonanza petrolera, ha llevado a una disminución continua en la inversión pública.
Jaime Carrera, otro analista económico, concuerda en que la escasez de recursos es el principal factor detrás de la baja inversión pública. Explica que, a pesar de los impuestos recaudados, el Estado solo dispone de fondos suficientes para cubrir gastos corrientes, sin espacio para inversión significativa. Carrera subraya que la situación fiscal del país sigue sin solucionarse, impidiendo un aumento en la inversión.
Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), también destaca que el incremento en el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15% no ha contribuido a mejorar la inversión pública. “El aumento del IVA ha servido para cubrir parcialmente el déficit fiscal, pero no ha impulsado la inversión como se esperaba,” explica Andrade. Agrega que la inversión efectiva se realiza una vez cubiertas las necesidades básicas del gobierno, lo cual no se está logrando debido a la crisis fiscal.
Para mitigar la caída en la inversión pública, los analistas coinciden en que es crucial fomentar la inversión privada. “La inversión privada debe asumir el rol que la inversión pública ya no puede ocupar debido a la falta de recursos,” afirma Acosta Burneo. Destaca que sectores clave como el petróleo, la minería y la electricidad enfrentan una baja inversión, limitando el crecimiento económico. Andrade también enfatiza la necesidad de reformar las normativas y mejorar la estabilidad política para atraer inversión privada.
En resumen, la caída en la contratación de obra pública refleja una crisis fiscal que limita la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura, lo que impacta negativamente en la generación de empleo y el desarrollo económico. La promoción de la inversión privada y reformas estructurales son vistas como pasos esenciales para abordar estos desafíos y revitalizar el sector.
